Tucumán ¿y después?
En sus ediciones dominicales, los principales diarios nacionales continúan la pirotecnia verbal desatada luego de la anulación de las elecciones en Tucumán. La casta judicial y el clientelismo no se tocan.
En Clarín, Julio Blanck hace una defensa “republicana” de la casta judicial tucumana, a la que el kirchnerismo se habría dedicado a escrachar sistemáticamente: “El kirchnerismo desató una ofensiva en toda la línea sobre la Justicia en Tucumán. Apeló el fallo de la Cámara que anuló la elección de gobernador de hace cuatro semanas. Sin esperar el resultado de esa apelación acudió a la Corte provincial reclamando que se reconozca la validez de la votación en la que el oficialista José Manzur le sacó más de 100.000 votos de ventaja al opositor José Cano. Escrachó con afiches y manifestaciones a los camaristas Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek, quienes firmaron la anulación de la elección por haberse violentado “el derecho a votar libremente” debido a los hechos comprobados de clientelismo, fraude y violencia. No sólo los escrachó sino que anunció que los denunciará penalmente. Además, amenazó con la intervención de la provincia, o al menos la intervención de su Poder Judicial, si la anulación es ratificada y hay que votar otra vez”.
A continuación, y luego de ensalzar a Carlos Fayt, el decano de la Corte Suprema (que “atravesó 32 años y 6 presidentes sin perder su independencia”), especula sobre un arreglo que podría cerrar Daniel Scioli con Rodríguez Saá para proponer a la senadora Liliana Negre de Alonso, candidata a vice del puntano, como miembro de la Corte. “Recuérdese que el interminable Rodríguez Saá competirá en octubre tras superar las primarias con el 2,11% de los votos. En una definición presidencial muy cerrada como la que se espera, ese par de puntos pueden hacer una fuerza tremenda. Igual, un sillón en la Corte sería una contraprestación por demás generosa”. De seguro este nombramiento tendría la aprobación de la Iglesia: Negre de Alonso es una ferviente militante del Opus Dei y se ha manifestado en repetidas ocasiones en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Horacio Verbitsky, por su parte, se hace eco del “chiste” que citó Carlos Pagni el sábado ilustrando extensamente las relaciones familiares y las costumbres poco populares de los jueces tucumanos (incluyendo sus recorridas por la ruta del whisky en Escocia). También detalla que muchos de ellos se desempeñaron como funcionarios en la última dictadura militar. A continuación, carga responsabilidades del gobierno saliente en la “patética encrucijada”, por la ley electoral que permite los acoples, lo que permitió que existieran “un millar de partidos y 30.000 candidatos” y por la represión desatada sobre las primeras protestas. Este es, dice Verbitsky, el Gran Norte, que junto con la provincia de Buenos Aires, son los principales bastiones del partido del gobierno. Ni un sólo renglón por parte del escriba K acerca de los privilegios de los que goza esta casta, entre los que se cuentan salarios de entre 80 y 120 mil pesos, eximición del impuesto a las Ganancias y cargos vitalicios. Beneficios que no fueron tocados por los doce años de gobierno kirchnerista.
Golpistas son todos
La Nación, por su parte, morigera el discurso de “caos post 25 de octubre” que venía profetizando. En un tono más medido, Joaquín Morales Solá le tira una soga a Alperovich: “El caso tucumano llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación irremediablemente (…) No es cierto que la Corte Suprema no tenga antecedentes de haber decidido sobre los resultados de elecciones provinciales (…) Tampoco es cierto que no haya tiempo para realizar las nuevas elecciones tucumanas el 25 de octubre, junto con las presidenciales, si es que la Justicia anulara definitivamente los pasados comicios. La única condición es que exista un acuerdo político en Tucumán para repetir las elecciones. La Justicia por sí sola no podrá resolver nunca los problemas que crea la política. Manzur necesita que su triunfo sea legítimo, además de legal. ¿Qué ganaría si se convirtiera en el gobernador más ilegítimo del país? La oposición provincial y nacional y una parte, al menos, de la justicia tucumana están pidiendo nuevos comicios”.
A sabiendas de que el escándalo no le conviene a nadie, asevera que “Si la Corte Suprema tucumana ratificara la anulación de las elecciones (posibilidad con pocas chances, pero que nadie descarta), es casi seguro que la Corte nacional suscribiría la posición de las dos instancias provinciales. La elección tendrá que hacerse de nuevo. Si la Corte provincial revocara la anulación, la decisión de la Corte nacional sería más imprevisible, porque debería arbitrar entre dos posiciones enfrentadas de la justicia tucumana. Si hubiera un acuerdo político no sería necesaria la intervención a Tucumán. Las cosas podrían resolverse antes del 28 de octubre cuando venza el mandato de Alperovich”. Y devuelve la acusación de “golpistas” al otro bando: “La única intervención que no puede haber, desde ya, es al Poder Judicial de Tucumán, como amenazó Carlos Kunkel con su habitual patoterismo verbal. Ése sería, sí, un golpe de Estado contra un poder de la Constitución. ¿Es capaz de hacer eso el cristinismo en el exasperado tramo final de su autoritarismo?”.
Defendiendo el clientelismo
Horacio Verbitsky plantea que “Los dos jueces de la sala en lo Contencioso y Administrativo de Tucumán que anularon los comicios provinciales celebrados el 23 de agosto sostuvieron en brutal síntesis que no pueden tomarse en serio los votos emitidos por los feos, sucios y malos, porque no son ciudadanos libres”. Luego de citar extensamente partes del fallo, Verbitsky reconoce que “algo huele mal” en Tucumán: “El problema es que la convocatoria a nuevos comicios ordenada por los jueces no sólo es imposible de cumplir en los plazos legales y constitucionales sino que tampoco remediaría esta falla estructural (…) La única solución racional sería excluir a esa “población desprotegida” del acto eleccionario, al menos hasta que la mejora de sus condiciones y un sostenido proceso educativo suprimieran esas taras de origen, que la llevan a votar por empresarios enriquecidos como José Alperovich o Juan Manzur”.
Mario Wainfeld plantea una imagen similar. “Es forzoso remarcar que se anula la elección totalmente porque (si se permite resumir una pieza pésima con una metáfora) Tucumán es Macondo. Si así fuera, la salida que propone la Cámara es vana. Tucumán seguiría siendo Macondo dentro de tres meses o seis o lo que podría tardarse en realizar otro comicio. Sus clases populares, vistas desde la atalaya del Poder Judicial y la prensa dominante son personas sin discernimiento propio, “desamparadas” en la hipócrita verba forense. Su voto, imaginan, vale poco. Para remediar el mal, se lo sustraen”.
Lejos de desconocer la existencia del clientelismo, Wainfeld limita sus alcances: “Es difícil medir los efectos reales del clientelismo “hormiga” en la previa de las elecciones. La tendencia es exagerarlos en función de conveniencias sectoriales. Se minimiza la astucia de los sectores populares, su aptitud para manejarse en relaciones de poder que son asimétricas pero que no anulan su capacidad ni su destreza. Pavotes que jamás hicieron política suponen que quien se sube a un taxi puesto por un puntero lo vota en el cuarto oscuro. Desconoce la experiencia popular, el potencial del secreto del voto y la capacidad de autodefensa insinuada”.
Como se ha señalado, la raíz social de esas prácticas clientelares no entra nunca en cuestión o, en el caso de Verbitsky, entra como argumento polémico.
Pegando contra Scioli
En otro párrafo de su nota, Wainfeld habla de las amenazas externas a la economía nacional: “Bien vistos, los gobiernos tampoco tienen un poder pleno, soberano sobre sus territorios. ‘Todo el mundo’ estuvo en vilo esta semana esperando la tasa de interés que fijaría la Reserva Federal norteamericana. La Argentina depende mucho de las vicisitudes del Brasil o de China, acaso más que de cualquier acción interna (…) Muchos dirigentes partidarios piden permiso a las corporaciones hasta para estornudar. El campo político se achica o se subordina”. No da nombres propios, se podría pensar que hace referencia a la visita de Daniel Scioli al embajador estadounidense esta semana.
Como sucede casi siempre, lo más jugoso de las editoriales verbitskeanas está en los subtítulos. En “Unidad en la diversidad”, sigue lanzando dardos contra el candidato presidencial del Frente para la Victoria con datos que, sugestivamente, no toman los diarios de la Corpo. “El socio de Fernando Niembro en la consultora fantasma La Usina, Atilio Alberto Meza, también es asesor de gabinete del Superintendente General de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin. Su contratación es responsabilidad del ministro de Seguridad, Alejandro Granados. Así surge del decreto 250 firmado por Daniel Scioli y Alejandro Granados en abril de este año”.
Meza renunció a su candidatura a diputado nacional por el PRO bonaerense como resultado del escándalo de los contratos del gobierno de la Ciudad Autónoma y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires con La Usina y Niembro lo siguió dos semanas después. Su reemplazante, Silvia Lospennato, fue funcionaria del gobierno de Scioli hasta 2008, al igual que quien la secunda en la lista, Emilio Monzó.
Frente a la aplastante evidencia de las similitudes entre el jefe del PRO y el “candidato del proyecto”, que llegan a compartir funcionarios, Verbitsky se resigna: “Tanto Casal como Granados figuran en la lista de ministros si el candidato del Frente para la Victoria es elegido presidente. Casal aspira a ocupar allí el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a Granados se lo menciona como eventual titular de Defensa, un área que desconoce con exactitud”.
Una evidencia más de los profundos lazos que unen al conjunto de la casta política, más allá de sus alineamientos políticos parciales.
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